Alertas Jurídicas Martes , 19 marzo 2019
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SE RECONOCE EL ACOSO ESCOLAR CONTRA UNA PROFESORA COMO ACCIDENTE LABORAL

 

Durante el curso de 2016-2017, una profesora de un pueblo de Valladolid tuvo que solicitar la baja de a principios de 2017 y no tener el alta hasta finalizar el curso.

 

La Seguridad Social tramitó su situación como “enfermedad común”, interponiendo esta una demanda contra el Organismo pidiendo que su incapacidad temporal se reconociera como accidente laboral.

 

Su demanda se tramitó ante el juzgado de lo Social de Palencia y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado estimatoriamente. Según su abogada, el objetivo era reconocer expresamente que la profesora había sufrido acoso cuando estaba desempeñando su trabajo.

 

El Tribunal destaca que cualquier persona que esté sometida a la presión, agresividad y violencia verbal durante el tiempo que la profesora estuvo desempeñando su trabajo pueden dar como resultado unas alteraciones psíquicas. Así, dictamina que presentaba una situación de violencia en el trabajo, generando a la profesora un estado de ansiedad y alteración mental.

 

Por otro, uno de los alumnos del curso pasado ha llegado a ser condenado por un delito leve de amenazas.

 

Se reconoce que esta baja está motivada en un acoso escolar como accidente laboral, teniendo los mismos beneficios laborales que cualquier persona que haya tenido un accidente laboral.

 

¿Estos cuáles podrían ser? Los gastos producidos por ese accidente laboral (tratamiento médico, consultas, medicamentos…) o la falta de percepción de ingresos debido al mismo (el salario que hubiera estado recibiendo en caso de haber estado trabajando, indemnizaciones…), entre otros.

 

Actualmente, la profesora trabaja con normalidad en otro centro educativo.

 

 

EL CONGRESO insta al Gobierno a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores temporeros del campo

 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con la moción consecuencia de interpretación urgente sobre las condiciones de vida y trabajo de los temporeros en las campañas agrícolas de España impulsada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, en los términos de una enmienda transaccional pactada por varios grupos.

 

La iniciativa insta al Gobierno a fortalecer la inspección e trabajo con los recursos materiales y humanos necesarios a nivel provincial que garantice una correcta supervisión del trabajo en el campo, con planes especiales dirigidos a asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

 

Pide además estudiar y modificar la normativa electoral sindical para que los trabajadores eventuales del REAS puedan votar y ser elegidos como delegados sindicales a nivel provincial.

 

Emplaza a constituir la comisión de seguimiento prevista en la Ley General de Seguridad Social, encargada de velar porque los beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incentiven la estabilidad en el empleo, la mayor duración de los contratos y la mayor utilización de los contratos fijos discontinuos.

 

Abrir una mesa de diálogo social con los agentes más representativos del sector agrario que permita llegar a un acuerdo sobre un convenio marco de relaciones laborales es otra de las reclamaciones de esta iniciativa, que plantea también establecer la condicionalidad laboral de las ayudas directas de la PAC de manera que la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y el incumplimiento de los convenios colectivos demostrados por sentencia firme sean causa de sanción en la percepción de ayudas, en el marco de la normativa europea.

 

En el marco de los planes de inspección, se impulsará la puesta en marcha y mantenimiento de campañas específicas en dicho sector para el control y seguimiento de los derechos de los trabajadores, añade la moción, que pide también desarrollar reglamentariamente la Ley por la que se integra el Régimen Especial Agrario en el Régimen General; establecer el mecanismo de alta y baja diaria de los trabajadores agrarios.

 

Por último, plantea diseñar un plan de acción estatal de atención integral a víctimas de violencias machistas en el ámbito laboral de los distintos convenios colectivos del campo, y recoger datos de prevalencia y magnitud de las violencias machistas y denuncias desagregadas por sexo, nacionalidad y situación administrativa.

 

 

 

El Congreso aprueba la toma en consideración de una Proposición de Ley para mejorar la protección por desempleo

 

El Pleno del Congreso de los Diputados da luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre protección por desempleo presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, que inicia así su tramitación parlamentaria.

 

La iniciativa, que ha salido adelante por 169 votos a favor, 132 en contra y 39 abstenciones, tiene por objetivo mejorar la renta sustitutiva del salario cuando la persona trabajadora pierde su empleo o no accede a un puesto de trabajo y “revertir los recortes realizados durante la crisis”.

 

En concreto, y entre las medidas que incluye la Proposición de Ley, “se trata de abonar una prestación económica, pero también de que se lleven a cabo por parte de los servicios públicos acciones o políticas activas para mejorar la capacidad profesional de las personas, incluso su posible obsolescencia laboral, y su ocupabilidad”, señala el grupo proponente.

 

Y, para ello, se plantea llevar a cabo acciones de formación y orientación, reciclaje, de técnicas de búsqueda de empleo, tutorías personalizadas, iniciativas de inserción profesional, rentas de inserción, compromisos de actividad, incentivos a la movilidad profesional y geográfica.

 

Por otra parte, la Proposición de Ley introduce modificaciones en la regulación de la prestación por desempleo contenida en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social “para revertir la situación anterior a las últimas reformas”. Entre ellas, destaca la introducción de un programa especial para jóvenes desempleados sin cualificación profesional; la aplicación de una proporcionalidad estricta, la actual, pero sin tramos o escalones, que será más favorable en caso de perceptores menores de 30 años; y la eliminación de la escala de duración por tramos en función de la ocupación cotizada.

 

Además, también se extiende la protección por desempleo a las trabajadoras y trabajadores al servicio del hogar familiar, se mejoran los subsidios asistenciales, especialmente en mayores de 52 años y se eleva su cuantía como alternativa a la jubilación anticipada de la misma manera que en los demás subsidios. Asimismo, la cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 127% o del 100% del indicador público de rentas múltiples, según que la trabajadora o trabajador tenga o no, respectivamente, uno o más hijos/as a su cargo.

 

 

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