El proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, establece una obligación de conservación de documentos durante un período mínimo de diez años para su uso en toda investigación o análisis en los posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. El incumplimiento de la obligación de conservación se tipifica como grave, y está sancionado con multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 por 100 del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por 100, o 150.000 euros.